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Qué bonita es Noruega

José Miguel Aldunate Director de Estudios, Observatorio Judicial

Por: José Miguel Aldunate | Publicado: Martes 5 de marzo de 2024 a las 04:00 hrs.
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José Miguel Aldunate

No recuerdo exactamente el tema, pero sé que estábamos discutiendo sobre algún dilema moral asociado a la implementación de una política pública. Mi compañero Soran, noruego, levantó la mano y empezó: “En Noruega…”. El profesor lo paró en seco. “Estamos hablando de países reales, no de idealizaciones filosóficas”. Risas del curso.

Pobre Soran, pero al menos tenía la coartada de ser él mismo noruego. Lo imperdonable es que nuestros políticos insistan en apelar a estándares de justicia fuera de la realidad, que no resuelven los problemas, pero que dejan tranquilas sus conciencias.

“La incapacidad casi infantil de asumir que las soluciones legislativas tienen costos es una de las causas que explican por qué Chile está tan lejos de Noruega”.

Por ejemplo, cuando el senador Juan Luis Castro llamó a judicializar las alzas de los planes de Isapre, autorizadas por una ley que él mismo y el resto de los senadores habían aprobado unánimemente, con el propósito expreso de frenar la judicialización, uno no puede sino concluir que la realidad le importa un comino.

Porque, a diferencia de Noruega, el nuestro es un país real que lidia con un sistema privado de salud al borde de la quiebra y un fenómeno patológico de judicialización en materia de isapres. Por eso, en 2021, luego de años de debate público y reiteradas súplicas de sucesivos presidentes de la Corte Suprema, el legislador aprobó la Ley 21.350 que autorizaba las alzas de planes de isapres en determinadas condiciones.

Por supuesto, se trata de una norma imperfecta. No tanto en el sentido obvio de tener errores técnicos, sino, sobre todo, en el sentido más profundo e inexorable de que se hace cargo de la imperfecta realidad: si queremos seguir teniendo un sistema de salud sostenible, las isapres deben poder reajustar sus precios.

Y la realidad es que, gracias a esta ley, la judicialización bajó en un 81%: desde los 374 mil recursos de protección interpuestos 2019, a menos de 72 mil en 2023.

Pero esto es lo que algunos políticos no quieren aceptar. Porque siempre, en alguna parte, queda el resquicio de soñar con el reino imaginario de Noruega. Por regla general, esta Noruega idealizada toma la forma de algún derecho —en este caso, del derecho a la salud— que se sostiene por sí mismo, por el solo hecho de enunciarlo en la Constitución o en algún tratado de derechos humanos, sin ninguna consideración a los honorarios de los médicos o cuánto cuesta el día-cama. Un reino ideal compuesto por muchos colegas abogados, pero ningún economista.

Entonces, cuando el senador Juan Luis Castro invita “a que la gente revise, apele, porque […] les va a llegar las notificaciones de cada Isapre y tiene el derecho de poder reclamar o apelar ante la superintendencia o ante la justicia ordinaria”, boicotea el propósito de la ley, boicotea el problema de judicialización que buscaba resolver y boicotea su propia participación en la solución de dicho problema.

A fin de cuentas, la incapacidad casi infantil de asumir que las soluciones legislativas tienen costos, así como la delegación a los jueces de la responsabilidad de resolver los conflictos que los legisladores no supieron afrontar, es una de las causas que explican por qué Chile está tan lejos de Noruega.

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